La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, en una causa en la que se lo investiga por lavado de activos. En la misma resolución, la magistrada dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

La decisión se conoció luego de que el exespía fuera extraditado desde México, donde permanecía detenido desde 2019 en la ciudad de Cancún. El expediente apunta a operaciones vinculadas con la administración de sociedades y la adquisición de propiedades, cuyo origen, según la hipótesis del juzgado, se encontraría en dinero obtenido a partir de la explotación sexual de mujeres.

El descargo de la defensa y el eje de las fechas

Durante la etapa de indagatoria, Martins eligió no declarar de manera oral y presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito. En ese texto, la defensa discutió el encuadre temporal de las maniobras que se le endilgan y sostuvo que las 26 operaciones atribuidas correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, con anterioridad al período que la propia investigación fijó como base de la explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En el escrito, Martins añadió que el antecedente que se mantuvo firme se circunscribía al local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones referidas a otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas. A pesar de esos argumentos, Servini consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento y dejó constancia de que una sociedad creada con anterioridad al delito puede ser utilizada luego para administrar u ocultar bienes de origen ilícito.

Lo que viene en la causa

Con el procesamiento con prisión preventiva firme, la investigación queda a disposición del fiscal a cargo para profundizar la pesquisa sobre la trazabilidad de los fondos y la eventual responsabilidad de otras personas que habrían intervenido en la cadena societaria. En paralelo, la defensa de Martins ya adelantó su intención de recurrir la resolución y de insistir con el pedido de falta de mérito, en una etapa del proceso en la que la Justicia deberá definir la elevación a juicio oral.