La crueldad hecha número: un jubilado necesita cuatro haberes mínimos y la motosierra sigue pasando

A veces uno sale con la camioneta antes de que clarear y lo primero que ve, todavía con el parabrisas empañado, es la cola de gente esperando en la farmacia del pueblo desde las seis de la mañana. Eso me pasó la semana pasada cuando bajé hasta el paraje para charlar con doña Ramona, que tiene ochenta y tres años, cobra la mínima y todos los meses hace cuentas como si estuviera armando un de guerra: lo que le queda para los remedios, lo que puede estirar para la comida, lo que directamente tiene que resignar. Lo que acaba de publicar la Defensoría de la Tercera Edad junto con la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología no es más ni menos que eso, pero pasado en limpio por dos instituciones serias: la canasta que necesita una persona mayor para vivir un mes en la Argentina llegó en octubre a dos millones noventa mil seiscientos cuarenta y seis pesos, y la jubilación mínima, con el bono extraordinario incluido, quedó en quinientos cinco mil setecientos cuarenta y ocho. La cuenta da casi cuatro a uno, y eso duele más que un golpe seco en el estómago.

Lo que más pesa en ese presupuesto, según el relevamiento que abarcó la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza, es justamente lo que nadie puede dejar de gastar. Los medicamentos y la atención de la salud se llevan quinientos dieciocho mil setecientos ocho pesos mensuales, una cifra que, miren lo que les digo, ya supera por sí sola lo que cobra un jubilado con la mínima y el refuerzo. La plata de la jubilación no alcanza ni para comprar lo que hay que tragar para seguir viviendo. A eso se suman los alimentos, cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos pesos, y la vivienda, trescientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve. Entre los tres rubros suman un millón trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos, que es ni más ni menos que dos tercios del total de la canasta. El resto se completa con transporte, indumentaria, esparcimiento y otros gastos que el informe considera dentro de las pautas del INDEC pero adaptadas a los consumos reales de los adultos mayores.

Una jubilación que no llega ni a la cuarta parte

La comparación entre lo que entra y lo que se necesita es, sin exagerar, de las cosas más indignantes que uno puede leer en un papel con membrete oficial. La jubilación mínima con bono cubre apenas el veinticuatro por ciento de la canasta estimada. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez están en trescientos setenta y cinco mil veintitrés pesos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los cuatrocientos dieciocho mil quinientos noventa y ocho, también con bono. Ninguno de los dos montos llega a cubrir el rubro de medicamentos y salud considerado de forma aislada. Dicho de otro modo: hay jubilados que cobran menos de lo que sale un mes de pastillas, aunque se mueran sin ellas.

La inflación pegó fuerte en el segmento. La misma canasta, en octubre del año pasado, se valuaba en un millón quinientos catorce mil setenta y cuatro pesos, lo que significa un aumento del treinta y ocho por ciento en doce meses. Frente a la medición de marzo pasado, la suba fue del catorce coma cincuenta y ocho por ciento. No es un dato menor: quiere decir que los adultos mayores vienen perdiendo poder de compra de manera sostenida, y que cualquier refuerzo extraordinario, en lugar de recomponer el ingreso, apenas alcanza para correr por detrás de los precios. En el interior profundo, donde el paraje queda lejos de todo y el pozo de agua es lo único que sobra, esa diferencia se siente en la mesa, en la cocina, en la heladera que se apaga porque no hay para pagar la luz, en la bolsa de ravioles que se estira un día más. El monte no vota, pero los jubilados del monte sí, y todos los meses emiten el mismo veredicto silencioso cuando llegan a la ventanilla.

El informe, además, tiene una virtud que muchos relevamientos olvidan: no se queda en el promedio. Para el rubro salud, contempla los descuentos que aplican las obras sociales en farmacias, lo que ajusta el cálculo a la realidad del mostrador. Para vivienda, incluye las tres situaciones más comunes: el que tiene su casa propia y mantiene, el que alquila y el que vive en una pensión. Es decir, no maquilla números, los pone sobre la mesa con sus pliegues y sus matices. Aun así, el resultado es demoledor. La Defensoría y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología vienen midiendo esto desde hace años, y cada nueva entrega confirma lo que cualquiera que se detenga a charlar cinco minutos con un jubilado ya sabe: que la política previsional argentina, salvo excepciones honrosas, es una promesa incumplida que se renueva cada mes con la fecha de pago en el calendario. La próxima rendición, me juego, va a decir lo mismo, con un número más grande y un haber mínimo más chico en proporción. Mientras tanto, doña Ramona sigue yendo a la farmacia antes de que salga el sol, y uno, desde la camioneta, la mira y se pregunta hasta cuándo.