Cuatro años y ocho meses para dos choferes por intentar sacar acetato de etilo hacia Bolivia

La Justicia federal de Salta condenó a dos conductores de camiones de nacionalidad boliviana, Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar del país más de 35 toneladas de acetato de etilo, un precursor químico controlado con destino a Bolivia. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta.

La maniobra detectada en Aguas Blancas

La operación fue descubierta el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos transportaban 191 tambores con 35.144 kilos de la sustancia, distribuidos en 95 y 96 tambores. La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba, pero los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas.

• Las patentes de los vehículos no estaban habilitadas para esa operación, según el cotejo con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre).
• La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada con las patentes incorporadas a un documento con formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado.
• Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

Los acuerdos con la fiscalía

Los condenados aceptaron las penas propuestas por la fiscalía a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. Fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

La investigación tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de un allanamiento al expediente.