Córdoba: familias peregrinan meses por un certificado, una prótesis o un turno de rehabilitación

A María, vecina de barrio Cerro de las Rosas, le dijeron que el turno para la junta evaluadora se lo daban en tres meses. Después fue un poco más, después un poco más. Lo cuento porque cuando llegué a la Defensoría del Pueblo de Córdoba, en el centro de la ciudad, todavía estaba guardando los papeles para volver a empezar: al menos cuatro meses de espera para la evaluación pediátrica, según el informe que esa dependencia presentó el 5 de octubre de 2026, y un camino que, en la práctica, se estira mucho más. Y no hablo de un caso aislado: el documento releva lo que atraviesan decenas de familias que necesitan el Certificado Único de Discapacidad, terapias, prótesis o medicamentos y chocan, una y otra vez, con la misma pared.

Cómo se hizo el relevamiento

El informe se construyó a partir de entrevistas y grupos focales con personas con discapacidad, familiares y prestadores. Por eso mismo, sus testimonios describen experiencias concretas y no constituyen una medición estadística que represente a todos los casos. Aun así, el cuadro que dibujan es elocuente: la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, y las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses, a lo que se suma la dificultad para conseguir consultas previas con los especialistas que firman la documentación.

“Las demoras van de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para acceder a centros de rehabilitación. Son plazos registrados en el informe, no un pronóstico sobre cada trámite.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto

El costo de esperar

Mientras tanto, la vida sigue. Y cuesta. Una madre entrevistada en el relevamiento contó que abonó entre 150.000 y 180.000 pesos por sesiones particulares luego de sostener durante casi dos años la atención por su cuenta, a la espera de una respuesta del sistema. A eso se suman los gastos en transporte, en apoyos escolares y, sobre todo, en tiempo: el documento advierte que la carga de cuidados recae principalmente sobre las mujeres, con testimonios de madres que achicaron su jornada laboral y resignaron ingresos para acompañar los tratamientos.

• Cuatro a nueve meses de espera para prótesis y medicamentos.
• Nueve a catorce meses para entrar a centros de rehabilitación.
• Dos a tres meses para conseguir turno en juntas evaluadoras pediátricas.
• Atrasos de varios meses y hasta un año en pagos a prestadores por parte de obras sociales y programas estatales.
• Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron 225% y la nafta súper, 559%, frente a una inflación acumulada del 336%.

El propio informe reconoce que estas condiciones golpean a quienes sostienen las prestaciones: prestadores con atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos, y una diferencia creciente entre lo que cobran y lo que les cuesta operar. En ese contexto, la Defensoría describe instituciones que ajustaron gastos de funcionamiento, personal y hasta horas de atención, una señal de alerta sobre la red que, en los papeles, debería contener a las familias que María, como tantas otras, sigue esperando.