AySA empuja un tarifazo escalonado del 22,6% para seis de cada diez hogares del AMBA y abre la pelea en la audiencia pública

Amaneció nublado sobre la General Paz y, antes de que el termómetro se animara a subir, ya estaba cruzando el paso a nivel de la línea Belgrano Norte con la radio a todo volumen: en las radios de la zona sur del conurbano no se hablaba de otra cosa. El correo electrónico de la empresa AySA había aterrizado en las redacciones durante la madrugada con un cuadro tarifario que, traducido al castellano de los vecinos de Lanús, de Quilmes, de Morón y de Tres de Febrero, significa que al sesenta por ciento de las familias que tienen agua corriente y cloacas en el Área Metropolitana les va a llegar una factura más cara. No es un aumento parejo: es un reordenamiento pensado para que, en el promedio ponderado, la boleta pase de veintisiete mil ciento cincuenta y seis pesos a treinta mil doscientos cincuenta, sin impuestos, lo que en términos reales representa una suba del once coma cuatro por ciento. El problema es que la media miente: hay quienes van a pagar bastante más y quienes, por una vez, van a festejar un número más bajo en la esquina superior derecha del papel.

El material que mandó la compañía, que es la concesionaria del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en veinticinco partidos del conurbano, divide a los usuarios residenciales en tres bolsas. La más grande, la del sesenta por ciento, sufrirá un aumento promedio del veintidós coma seis por ciento. La segunda, integrada por el veinte por ciento de los hogares, tendrá una baja promedio del catorce coma siete por ciento. Y el veinte por ciento restante, los que están justo en el medio de la distribución, conservará el importe actual de su factura. Son números que la propia AySA presenta como una proyección para los meses que vienen, calculados con los valores de septiembre, antes de impuestos, y con la aclaración de que nada de esto está firme: todavía falta la audiencia pública del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el ERAS, y una resolución definitiva del Gobierno nacional.

Cómo se aplicarían los aumentos y qué pasa con los que menos tienen

Para que el golpe no llegue de una sola vez, la empresa propuso que los cargos modificados por los nuevos coeficientes zonales suban con un tope acumulativo del cinco por ciento por mes hasta completar el incremento total. Es el mismo criterio que se viene usando en otros servicios públicos y que, en la práctica, estira el ajuste durante varios periodos. Pero hay otro mecanismo que puede doler más en los barrios populares: los usuarios que dejen de estar comprendidos en los segmentos más económicos van a perder, en tres etapas mensuales, el descuento adicional del quince por ciento que hoy reciben dentro del esquema de tarifa social. Perder ese colchón implica, para una familia tipo del sur del conurbano, unos cuantos miles de pesos menos de alivio en un presupuesto que ya viene estirado hasta el límite.

• Seis de cada diez usuarios residenciales tendrían un aumento promedio del 22,6% sobre su factura actual.
• Dos de cada diez recibirían una baja promedio del 14,7% en el mismo período.
• El veinte por ciento restante no vería cambios en el importe que paga cada mes.
• La factura residencial promedio ponderada subiría de $27.156 a $30.250 mensuales, sin impuestos.
• Los incrementos se aplicarían en forma gradual, con un tope acumulativo del 5% mensual.
• Los usuarios que salgan de los segmentos más económicos perderán en tres cuotas el descuento extra del 15%.
• Comercios, industrias e instituciones tendrían en promedio una baja del 2,2%.
• Los terrenos baldíos pasarían de pagar $17.822 a $19.172 mensuales, un 7,6% más.

El nuevo mapa de coeficientes y por qué importa

El corazón del cambio está en los coeficientes zonales, esos números que la empresa aplica para traducir a pesos las características de cada inmueble y su ubicación dentro del área servida. Hoy existen once niveles distintos; la propuesta los reduce a cinco, una simplificación que, en los papeles, debería ordenar la facturación, pero que en los hechos es lo que explica buena parte de las subas y de las bajas simultáneas. Para los usuarios sin medidor, que son los que pagan una cuota fija según el tipo de propiedad, este reordenamiento puede significar mudarse de categoría sin haber tocado una cañería. En paralelo, la empresa plantea ajustar el valor del metro cúbico del servicio cloacal en el Radio Antiguo de la Ciudad, que es la zona más antigua de la traza porteña, para empezar a cobrar lo que cuesta mantener los desagües pluviales que desaguan las tormentas de toda la Capital.

El esquema tiene efectos cruzados hacia afuera del universo residencial. Para los comercios, las industrias y las instituciones, la empresa calculó una reducción media del dos coma dos por ciento: el sesenta y tres por ciento seguiría sin cambios, el veintidós por ciento tendría bajas y el quince por ciento pagaría más. Los terrenos baldíos, en tanto, pasarían de diecisiete mil ochocientos veintidós pesos a diecinueve mil ciento setenta y dos mensuales, una suba del siete coma seis que suele ser la menos visible pero que golpea a los dueños de pequeños lotes sin construir, muchos de ellos en barrios del conurbano donde la presión fiscal sobre la tierra vacante es un tema viejo y espinoso.

La audiencia pública del ERAS y la promesa que vuelve a quedar pendiente

Antes de avanzar con cualquier modificación tarifaria, el ERAS convocó a una audiencia pública virtual en la que cualquier usuario, vecino o entidad intermedia podrá presentar observaciones. La inscripción se abrirá a las diez de la mañana del miércoles 8 de octubre y se cerrará a las diez de la mañana del viernes 24 de octubre. Las opiniones que allí se manifiesten no serán vinculantes, lo que significa que el organismo regulador no está obligado a hacer lugar a ellas, pero sí tendrá la obligación de explicar cómo las incorporó al expediente o por qué decidió dejarlas de lado. Es el mismo procedimiento formal que se repitió en los últimos años para los incrementos de gas y de electricidad, y siempre dejó la misma sensación agridulce en los usuarios: se participa, se escucha, y después la resolución llega con los números prácticamente iguales a los que se habían propuesto.

La empresa, en el texto que mandó a la prensa, justificó la suba con un argumento conocido: el dinero extra que se prevé recaudar iría a ampliar la cobertura del Programa de Tarifa Social, que es el que sostiene el descuento para los hogares más vulnerables. Es un destino loable, pero no resuelve la pregunta de fondo que vuelve a quedar dando vueltas cada vez que se discute el precio del agua en la Argentina: cuánto cuesta producirla, cuánto se pierde en el camino por las cañerías viejas que se rompen en cada esquina, y cuánto de esa pérdida terminan pagándola los usuarios con su factura. La promesa de revisar la estructura y de proteger a los que menos tienen lleva años firmada y nunca termina de cumplirse. El próximo hito será el 24 de octubre a las diez de la mañana. Mientras tanto, en los barrios del conurbano y en los consorcios de la Capital, la calculadora ya empezó a funcionar.