Mendoza abrió un canal gratuito para que consumidores renegocien deudas con sus acreedores

La provincia de Mendoza puso en funcionamiento un procedimiento de conciliación gratuito destinado a consumidores finales que necesiten renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros compromisos de consumo, según informó el Gobierno provincial a través de la Dirección de Defensa del Consumidor. El mecanismo se canaliza en la flamante Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC) y apunta a casos en los que el peso de los servicios financieros comprometa de manera grave o inminente la economía del hogar.

Qué se puede renegociar y qué queda fuera

El alcance alcanza a préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y obligaciones contraídas con plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas, de acuerdo con la información oficial. Quedan expresamente excluidas las deudas con garantía hipotecaria, las obligaciones alimentarias, las multas y sanciones penales, y los pasivos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar. El capital total adeudado, en tanto, no debe superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

Entre las herramientas que pueden discutirse en la mesa de negociación se mencionan la extensión de los plazos de pago, la aplicación de períodos de gracia, la eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y el rediseño de los esquemas de cuotas. La Provincia aclaró, no obstante, que ninguna de estas alternativas se aplica de manera automática: Defensa del Consumidor puede convocar y facilitar la discusión, pero los cambios concretos requieren un acuerdo voluntario con cada uno de los acreedores.

Los umbrales de vulnerabilidad y los requisitos de acceso

Para acceder al sistema, la persona solicitante debe tener domicilio real en Mendoza, revestir el carácter de consumidor final y acreditar una situación de insolvencia personal o familiar grave o inminente. El criterio general es que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar, mientras que en hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales, ese umbral desciende al 25%.

En todos los casos, la instancia busca ser una herramienta técnica de mediación y no un mecanismo compulsivo de quita de deuda, ya que las modificaciones dependen de la voluntad de las partes involucradas y de la composición de cada pasivo. Desde la OCDC recomiendan a los consumidores acercarse con el detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de sus activos y pasivos, a fin de evaluar la viabilidad de un plan de pagos revisado.

• Compromisos financieros superiores al 30% de los ingresos netos del hogar, o al 25% en hogares en situación de vulnerabilidad social.
• Tope de capital adeudado equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento del trámite.
• Inclusión de préstamos personales, financiaciones de compras, tarjetas de crédito y deudas con plataformas financieras, mutuales y cooperativas.
• Exclusión de deudas con garantía hipotecaria, obligaciones alimentarias, multas y sanciones penales, y pasivos empresariales o comerciales.
• Herramientas posibles: extensión de plazos, períodos de gracia, quita de intereses punitorios y rediseño de cuotas, siempre sujetas a acuerdo con el acreedor.

La variable a seguir durante el próximo mes será la cantidad de presentaciones formales que reciba la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo y el porcentaje de casos en los que efectivamente se alcance un acuerdo con los acreedores, ya que ese indicador permitirá dimensionar en términos reales la capacidad del nuevo esquema para aliviar a los hogares endeudados de la provincia.