Salud mental en alerta: 42% más internaciones y un sistema público que corre detrás de la demanda

Llegué a Lanús una mañana húmeda, de esas en las que el conurbano parece flotar entre la neblina y el ruido de los colectivos, y la primera persona que me recibió fue María, una trabajadora de la Universidad Nacional que me guió hasta el aula magna con la calidez de quien conoce cada pasillo del lugar. Lo que se presentó allí no fue un paper académico más: fue un termómetro encendido de lo que está pasando con la salud mental en la Argentina, con cifras que duelen y que, como me dijo después un médico presente en la sala, deberían interpelar a todo el sistema de salud.

El dato más impactante del relevamiento, que información de 14 provincias —Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de Entre Ríos y Río Negro como participantes— y que abarca a más del 70% de la población del país, es que las internaciones por salud mental crecieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses, mientras que las consultas ambulatorias aumentaron 23% en el último año, lo que configura un cuadro de demanda sostenida que los sistemas públicos no logran absorber en tiempo y forma.

Quiénes llegan y por qué

El informe, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y elaborado con las máximas autoridades sanitarias de cada jurisdicción, identifica dos perfiles que concentran la demanda creciente: por un lado, niñas, niños y adolescentes, y por el otro, personas que perdieron su cobertura de obras sociales o prepagas y cayeron al sistema público, un movimiento que los especialistas consultados vincularon directamente con la crisis económica de los últimos años.

En la provincia de Buenos Aires, el dato es todavía más crudo: el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, lo que significa que casi una de cada tres personas que llegan a una guardia lo hace por un padecimiento que, en muchos casos, podría haberse atendido antes en otro nivel del sistema, pero que termina desbordando la puerta de emergencia porque no encontró respuesta a tiempo.

Más camas, pero equipos al límite

• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de todo el país.
• Trece de las 14 provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.
• A pesar de esa expansión, las autoridades provinciales calificaron la capacidad actual como “sobreexigida” y reconocieron dificultades serias para completar equipos con disciplinas críticas, como psicología y psiquiatría.

Como me explicó una docente de la Universidad de Lanús que participó de la coordinación del informe, lo que está pasando no es solo que hay más demanda, sino que el Estado está intentando responder con una arquitectura que se quedó chica: se abrieron más camas y más dispositivos comunitarios, pero no se garantiza el financiamiento para sostenerlos en el tiempo ni para cubrir los recursos humanos que esos espacios necesitan para funcionar como corresponde.

Lo que piden las provincias

Las jurisdicciones que aportaron datos coincidieron, casi sin excepciones, en un listado de prioridades que atraviesa cualquier gestión: aumentar la inversión específica en salud mental, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos —especialmente para los padecimientos más graves— y producir información epidemiológica nacional de calidad, algo que todavía es una deuda pendiente en la Argentina, donde cada provincia mide cosas diferentes y los registros no siempre son comparables entre sí. A eso se suma un reclamo político que atraviesa todo el informe: recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, porque, como me dijo un funcionario sanitario presente en la presentación, “sin articulación federal, cualquier ley termina siendo un papel firmado que no se puede cumplir”.

El informe fue presentado en el Senado en el mismo momento en que el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y las autoridades provinciales plantearon que la propuesta en discusión “elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos”. Esa advertencia, puesta en boca de quienes manejan cotidianamente los servicios, es la que le da al debate un tono distinto al de una discusión legislativa más: lo que se está discutiendo es nada menos que el piso mínimo de derechos que tendrá la atención de la salud mental en los próximos años en un país donde, según los datos que acaban de presentarse, esa atención se está convirtiendo, cada vez más, en una urgencia.