Cosecha con plan: el decreto que permite a los rurales sumar salario registrado y aguante social hasta 2027

Llegué al galpón de empaque cuando todavía la noche se negaba a irse sobre el camino de tierra. En la tranquera, dos changarines esperaban el colectivo con el termo bajo el brazo y la duda de siempre encima: si agarran la temporada en blanco, ¿pierden lo que cobraron todo el año? Esa pregunta, que se repite en cada cosecha gruesa y en cada vendimia, acaba de tener otra respuesta oficial, y la firma Ramón Loto la salió a buscar en el Boletín Oficial.

El Decreto 1204/2026, publicado esta semana, extiende por doce meses el mecanismo que desde 2021 permite a los trabajadores rurales temporarios y estacionales mantener sus beneficios sociales cuando acceden a un empleo registrado. El régimen, que en el papel es administrativo, en la vida cotidiana es la diferencia entre bancar la olla en los meses muertos o pasar hambre. La prórroga va hasta el 1 de septiembre de 2027, y alcanza a alrededor de 50.000 personas en todo el país, más unos 83.000 hijos de aportantes, según las cifras que oficializó la propia Casa Rosada al dictar la medida.

Qué se puede cobrar y qué se conserva

• Asignaciones familiares, con un piso equivalente al 100% de la Asignación Universal por Hijo.
• Tarjeta Alimentar, que sigue vigente aun cuando la contratación se extienda más de seis meses.
• Programa Volver al Trabajo, según las condiciones de cada caso.
• Ingreso del trabajador temporario o permanente discontinuo bajo la Ley de Trabajo Agrario, incluidos los contratos eventuales y los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

La lógica del esquema es simple y, al mismo tiempo, profundamente humana: si un peón rural entra a levantar peras en el Alto Valle, a cosechar yerba en Misiones o a podar vides en Cuyo, no debería tener que elegir entre el jornal y el plato en la mesa de sus gurises. El decreto lo dice sin adornarlo: las asignaciones familiares de estos contratos no pueden quedar por debajo del valor de la AUH, lo que funciona como un piso de ingresos para los hogares con hijos, sin importar si la temporada dura dos meses o medio año.

Cuando el trabajo se prolonga de forma continua por más de seis meses, algunos beneficios monetarios de programas sociales, con la excepción de la Tarjeta Alimentar, pasan a computarse como parte del salario. Es una transición pensada para empujar al trabajador hacia la formalidad plena, sin el hachazo de quedarse de un día para otro sin nada. Del lado de los patrones, la norma también ofrece una reducción de contribuciones patronales para quienes contraten bajo estas modalidades, un incentivo que el Gobierno presenta como la otra cara del mismo objetivo: más empleo registrado en el campo.

Lo que se juega acá no es un tecnicismo de la seguridad social. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido, antes de la renovación, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. La frase que quedó flotando del gremialismo, y que el material recoge hasta donde fue publicado, señala que la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para sostener la actividad.

A mí, que vengo de andar por los parajes y parar la camioneta al lado del pozo de agua para que me cuenten cómo la pasan, este tipo de decisiones se miden en otra cosa. El monte no vota, pero la gente que lo trabaja sí, y cada temporada es un examen de dignidad. La prórroga existe, y eso hay que celebrarlo. Pero queda flotando la pregunta de siempre: ¿cuántas veces más vamos a festejar un decreto de un año mientras el campo sigue esperando la ley prometida, la registración plena, el camino arreglado, la obra que nunca llega? Mientras tanto, la firma de este viernes 1 de septiembre de 2026, cuando los trabajadores del citrus de Bella Vista amanecieron con la noticia en el celular, vuelve a quedar como una promesa a cumplir.